Las privatizaciones han pasado de moda: ¡el futuro es público!
¿Cuál es la relación entre la escasez de enfermeras y el aumento de nuestras facturas de electricidad? Estamos hablando de los efectos perversos de las privatizaciones. Durante las últimas décadas, nuestros gobiernos han estado vendiendo empresas públicas al sector privado, y esto está teniendo consecuencias desastrosas. Los ciudadanos se están movilizando en todo el mundo para retomar el control de estas empresas. Con victorias a la postre.
El sector sanitario lleva años sufriendo una alarmante falta de inversión. Con unas condiciones de trabajo cada vez más duras, el personal cualificado prefiere irse a buscar trabajo a otras partes: la duración media de la carrera profesional de una enfermera de cuidados intensivos, por ejemplo, es de a penas siete años.
Además, entre 2007 (fecha en la que se liberalizó el mercado de la electricidad) y 2019, el precio de la electricidad ha subido un 66 % en Bélgica. Un récord histórico. En estos tiempos de crisis, cada vez hay más personas que no pueden pagar las facturas de energía.
¿Una coincidencia? Ni mucho menos: en estos sectores, como en otros, los ciudadanos están sufriendo las nefastas consecuencias de las privatizaciones. Pero quien dice privatizaciones, dice resistencia: La gente no se deja tomar el pelo y obtiene victorias en sus luchas por una gestión pública.
El retorno de la gestión pública en todo el mundo
Estamos asistiendo a "renacionalizaciones" y "remunicipalizaciones", en cada rincón del planeta: empresas o sectores privatizados (es decir, vendidos por los gobiernos al sector privado) que vuelven a manos de la gestión pública. Ya sea a nivel nacional ("renacionalización") o a nivel local ("remunicipalización").
También están surgiendo nuevos servicios públicos, gracias a la movilización de los ciudadanos. Según el think tank Transnational Institute (TNI), en los últimos años se han conseguido más de 1.400 (re)municipalizaciones. Han tenido lugar en más de 2.400 ciudades de 58 países.
En todos los casos, estas iniciativas han sido beneficiosas para los ciudadanos. Reducción de costes, mejora de los servicios, mejores condiciones de trabajo... Cuando una empresa o sector vuelve a ser de titularidad pública, esto tiene un impacto positivo y concreto en la vida de las personas.
Mejores condiciones de trabajo, mejores servicios
No es ninguna sorpresa lo que demuestra el estudio del TNI: y es que en la inmensa mayoría de los casos, con la remunicipalización, han mejorado las condiciones de trabajo. Sobre todo porque hay una mayor coordinación con las organizaciones sindicales. Los trabajadores están mejor pagados y más protegidos que cuando trabajaban en las empresas privadas.
Pero lo más sorprendente es que el informe muestra que las remunicipalizaciones también favorecen la democracia. En Sacramento (California), por ejemplo, los miembros del consejo de administración de la compañía eléctrica estatal son elegidos directamente por los habitantes de la ciudad. Cada distrito elige un miembro cada cuatro años. Los candidatos envían una breve biografía junto con sus tres prioridades. Los usuarios reciben una papeleta en su casa o votan por Internet. Todos los documentos de las reuniones del consejo de administración son accesibles y las sesiones se transmiten en directo.
Otra ventaja de la remunicipalización es la reducción de los gastos de los servicios y la mejora de estos. En el municipio de Kragerø (Noruega), la remunicipalización de la gestión de los residuos ha supuesto una reducción del 14 % en la factura de los vecinos.
El ejemplo del acceso público a Internet en Estados Unidos
En los Estados Unidos, algunas autoridades locales han decidido hacerse cargo, ellas mismas, de la distribución del acceso a Internet. Las tres empresas privadas que dominan el mercado estadounidense quieren obtener beneficios a toda costa. Por ello, se alejan cada vez más de las zonas más pobres y de las zonas rurales. AT&T, el mayor proveedor de ADSL (Internet por línea telefónica) de Estados Unidos, por ejemplo, ha dado prioridad a la modernización de la red en las regiones más ricas. Las poblaciones con bajos ingresos tienen que conformarse con tecnologías anticuadas.
En estas zonas abandonadas, los poderes públicos han optado por volver a tomar el control sobre el acceso a Internet de tal manera que todos puedan beneficiarse de él.
En 2009, en Lafayette (Luisiana), la empresa pública LUS Fiber empezó a dar cobertura a sus 130.000 habitantes. Esta empresa ofrece una amplísima gama de servicios, como televisión de alta definición, vídeos a la carta e Internet de alta velocidad para particulares y empresas de hasta 1.000 megas por segundo. Servicios similares a los que ofrecen las grandes empresas comerciales.
En la ciudad de Chattanooga (Tennessee), la sociedad EPB, de propiedad pública, ha sido la primera de Estados Unidos en ofrecer velocidades de Internet de 1.000 megas por segundo a más de 175.000 hogares y empresas. LUS Fiber y EPB ofrecen por tanto servicios de alta calidad a unos precios menos elevados que las tres principales empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos. A diferencia de lo que pasa aquí, EPB ofrece un caudal de 1000 megas por segundo, por 57,56 euros al mes.
En Bélgica, por 60 euros al mes, Proximus ofrece una velocidad máxima de tan sólo 100 megas por segundo. El mismo precio, pero con un servicio diez veces menos eficiente. Escuece cuando el gobierno belga ha decidido privatizar Belgacom (antiguo nombre de Proximus) y vender la mitad del capital de la empresa pública "para mejorar la calidad del servicio"...
Detrás de las remunicipalizaciones, están las movilizaciones
Estos avances no se han producido por arte de magia. Fue la movilización popular la que los hizo posibles. Un claro ejemplo es la guerra del agua en Bolivia. Entre enero y abril del 2000 (antes de la elección del presidente de izquierdas Evo Morales), se produjeron una serie de movilizaciones sociales en Cochabamba, la cuarta ciudad más grande de Bolivia. El sistema municipal de gestión del agua se vendió a la multinacional estadounidense Bechtel y el precio del agua se duplicó. (en la foto una manifestación durante esta guerra por el agua)
Asociaciones, sindicatos y trabajadores organizaron grandes manifestaciones. Una revuelta social que se llevaba gestando tras años de inacción gubernamental. A pesar de la violenta represión, el movimiento social consiguió doblegar al gobierno boliviano. Se aceptaron todas las reclamaciones. Se anuló el contrato con la empresa estadounidense Bechtel y la gestión del agua volvió bajo dominio público. Esta lucha se convirtió en un referente mundial de resistencia contra la apropiación de los servicios públicos por parte de las multinacionales y su afán de lucro.
En 2016, el ayuntamiento de Valladolid (España) también tuvo que remunicipalizar el agua debido a la presión ciudadana. La gestión privada había hecho aumentar el precio del agua hasta tal punto que se volvió inasequible para los hogares pobres. Sin embargo, el agua es un derecho fundamental.
El futuro es público
La lucha paga. Sin la movilización de los ciudadanos bolivianos por la devolución del agua a las arcas públicas, muchas personas seguirían privadas de este derecho fundamental. Sin la movilización de los ciudadanos estadounidenses, muchas familias de ese país no tendrían acceso a Internet (o tendrían acceso a un Internet muy poco eficaz). Una aberración, sobre todo en plena pandemia, cuando resulta vital mantener el contacto con los seres queridos a través de las redes sociales. Y todo por la sed de beneficios de las empresas privadas.
El estudio del TNI muestra hasta qué punto es beneficioso mantener estos sectores bajo control público. La gestión pública simplifica y aúna a las estructuras y a los trabajadores en torno a un mismo objetivo: la prestación de un servicio público.
